La desactivación de una red de faena y comercialización ilegal de carne porcina en el casco urbano expuso severas fallas en las condiciones de salubridad e higiene alimentaria. En un allanamiento ejecutado en un inmueble de Chile 1941, inspectores municipales junto a la Guardia Rural Los Pumas secuestraron 150 kilos de mercadería que carecía de controles bromatológicos y trazabilidad documental.

El establecimiento operaba sin suministro eléctrico regular, lo que mantenía los cortes cárnicos a temperaturas de entre 9 y 10 grados, quebrando de forma crítica la cadena de frío requerida. Las inspecciones de la Dirección de Seguridad Alimentaria constataron la presencia de hongos en las cámaras frigoríficas, restos biológicos en descomposición dentro de las picadoras y larvas en la maquinaria de corte, además de una ausencia total de agua potable de red y controles de plagas.

El esquema de negocio operaba de manera remota para evitar la fiscalización directa: los cortes, embutidos y subproductos porcinos se ofrecían y coordinaban mediante WhatsApp y llegaban a los consumidores a través de servicios de cadetería. Esta modalidad impedía que los compradores tuvieran conocimiento del origen clandestino y del estado higiénico del lugar de faena.

El procedimiento, impulsado tras alertas vecinales y coordinado junto al Ministerio Público de la Acusación, culminó con el decomiso de cortes varios, vísceras, cabezas y milanesas. Como resultado de las actuaciones judiciales, el responsable del inmueble fue puesto a disposición de la comisaría jurisdiccional bajo presunta infracción al Código Penal.