Esta decisión se enmarca en las medidas de ajuste fiscal promovidas por el presidente Javier Milei, orientadas a priorizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Según los fundamentos de la resolución, la medida tiene como objetivo mantener criterios de austeridad y evitar un sobredimensionamiento de las estructuras estatales, en línea con las restricciones presupuestarias del país.

El antecedente inmediato es el decreto 89/23, que estableció la suspensión inicial de la pauta oficial. Este decreto buscaba optimizar el gasto público en un contexto de emergencia económica, financiera, administrativa y energética, declarada mediante la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, sancionada en junio por el Congreso.

La resolución destaca que las condiciones actuales demandan la continuidad de estas medidas para garantizar un manejo prudente del presupuesto nacional, asegurando que los recursos se destinen a cuestiones de mayor prioridad en un contexto de marcada escasez fiscal.