El origen del juicio internacional contra la Argentina por la expropiación de YPF se remonta a una decisión tomada al momento de estatizar la empresa en 2012. En ese entonces, el país incumplió una cláusula del estatuto societario que obligaba a realizar una oferta pública de adquisición (OPA) para todos los accionistas en caso de tomar el control.

La ley sancionada por el Congreso nacional dispuso la estatización del paquete accionario de la petrolera en manos de Repsol, pero dejó fuera al Grupo Petersen, vinculado a la familia Eskenazi, que también poseía acciones. Este trato desigual fue el eje central del litigio que derivó en una condena judicial contra el Estado argentino.

La jueza Loretta Preska, quien continuó el expediente iniciado por el fallecido magistrado Thomas Griesa, consideró que Argentina no vulneró su derecho soberano a expropiar, sino que quebrantó los derechos de ciertos accionistas, al no extenderles la misma oferta que a otros. En su resolución, Preska estableció que la falta de cumplimiento de la OPA afectó a los tenedores de títulos de una compañía que cotiza en Wall Street.

Aunque el gobierno argentino anticipó que apelará el fallo, esta estrategia judicial no detiene los efectos económicos de la sentencia. Como la condena ya está firme, el país acumula intereses diarios por unos US$ 2 millones, lo que incrementa considerablemente el monto total a pagar.

El beneficiario del fallo es Burford Capital, un fondo especializado en litigios que adquirió los derechos de demanda del Grupo Petersen tras su quiebra en Madrid. Esa insolvencia se produjo luego de que, tras la expropiación, YPF suspendiera el pago de dividendos, lo que desató la caída financiera del grupo empresario.

El juicio fue iniciado en 2015 y culminó con el fallo de Preska en septiembre de 2023, que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones. Este desenlace generó un fuerte impacto en los mercados: mientras las acciones de Burford subieron, los papeles de IFF —quien había adquirido parte del reclamo— sufrieron un retroceso.

Por su parte, el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías expresó que existen fundamentos jurídicos para impugnar el fallo. Propuso dos vías: una ley del Congreso que ratifique o rechace la entrega de acciones, ya que Preska planteó esa forma de pago, lo cual violaría la legislación local; y un per saltum ante la Corte Suprema, con el objetivo de que el máximo tribunal se pronuncie sobre la legalidad de esa eventual transferencia.