La moratoria provincial cerró con más de 47.000 adhesiones fiscales en Santa Fe
07/10/2026 | ProvinciaEl esquema de regularización tributaria impulsado por la Provincia concluyó con el impuesto automotor e inmobiliario como los principales ejes de refinanciación.
La regularización de pasivos provinciales en Santa Fe cerró su ventana operativa tras computar más de 47.240 trámites de refinanciación, en una iniciativa orientada a descomprimir la carga fiscal acumulada sobre familias, comercios y pequeñas y medianas empresas frente al deterioro de la actividad económica.
El esquema segmentado canalizó la mayor parte del flujo a través del Plan A, diseñado para pequeños contribuyentes, que concentró 37.155 adhesiones. Dentro de este grupo, el impuesto sobre la Patente Automotor absorbió 20.647 trámites, seguido por el Inmobiliario con 9.225 convenios, Ingresos Brutos con 7.191 y Sellos con 52 registros.
Por su parte, el Plan B, estructurado para titulares con mayor patrimonio —más de dos inmuebles o vehículos—, sumó 10.085 solicitudes. Este segmento estuvo dominado casi con exclusividad por la regularización patrimonial, con 5.075 presentaciones en Patente y 4.990 en Inmobiliario, mientras que las obligaciones por Ingresos Brutos y Sellos apenas registraron 18 y 2 casos, respectivamente.
En el balance consolidado por tributo, la Patente Automotor lideró el desendeudamiento con 26.058 acuerdos, escoltada por el Impuesto Inmobiliario con 14.366 presentaciones, Ingresos Brutos con 7.385 y Sellos con 57 convenios formalizados bajo opciones de pago de hasta 36 cuotas.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, enmarcó la medida dentro de la necesidad de ofrecer herramientas de desahogo fiscal en un contexto macroeconómico restrictivo, permitiendo a los sectores productivos y hogares normalizar su posición ante el fisco provincial.
El programa incluyó además un capítulo específico para el sector de Servicios Asistenciales de Discapacidad, donde se consolidaron 54 planes a tasa cero. Esta línea representó un financiamiento de más de 37 millones de pesos, con foco predominante en deudas vehiculares asociadas al transporte y la logística de las prestaciones.
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