El Gobierno anunció la privatización de casi 6.000 kilómetros de autopistas y rutas nacionales, permitiendo la participación de capitales privados en la empresa pública Corredores Viales. Según datos oficiales, el 45% de la traza bajo su gestión se encuentra en estado crítico, con contratos de obra paralizados y un atraso tarifario del 45% respecto a la tarifa técnica.

La medida alcanza sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, así como las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. Los privados asumirán la ejecución y financiamiento de las obras, obteniendo a cambio el derecho al cobro de peajes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que este modelo permitirá mejorar la infraestructura sin costos directos para el Estado. "Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos", afirmó.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de ejecutar el proceso, que incluye la resolución de concesiones vigentes, la adjudicación de nuevos contratos y la disolución definitiva de Corredores Viales una vez completada la transición.

Desde el Gobierno argumentan que el sector privado tendrá mayor flexibilidad para subcontratar obras, evitando las restricciones de la ley de obra pública. Adorni también informó que, en 2023, la empresa registró un resultado negativo, con una deuda de $142.000 millones y pérdidas acumuladas por $268.000 millones, lo que demandó una asistencia estatal de $301.000 millones.