La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender de manera preventiva la orden judicial que obligaba a Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes, en el marco de una causa por más de US$ 16.000 millones. La medida fue tomada a pedido del Estado argentino y permanecerá vigente hasta que se resuelva si se concede una suspensión definitiva mientras avanza la apelación.

La suspensión pone en pausa el fallo emitido por la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio, que exigía a la Argentina depositar las acciones en un banco neoyorquino. La decisión de la Cámara constituye, según la Procuración del Tesoro, un “gran revés en la justicia de Nueva York a favor de la soberanía argentina”.

"En principio (la suspensión es) por tiempo indeterminado hasta que (la decisión de fondo) sea fijada por un tribunal que será convocado. Para aclarar, ya no corren las 72 horas, no hay más riesgo de desacato", explicaron fuentes oficiales.

El Tribunal de Apelaciones fijó un cronograma para presentar los argumentos: los demandantes tienen plazo hasta el jueves próximo para exponer su oposición, mientras que Argentina deberá responder el día 22 de julio.

Aunque los fondos Burford Capital y Eton Park se manifestaron en contra de frenar el fallo, no objetaron la implementación de una suspensión administrativa provisional. Esto permitiría, según la Cámara, avanzar de forma ordenada en la revisión del pedido de suspensión.

La solicitud de frenar el cumplimiento de la sentencia fue presentada el lunes por el Gobierno argentino como medida de emergencia. Ese mismo día, Preska había rechazado detener la transferencia de acciones pese a que el caso se encuentra bajo revisión. La jueza había concedido una prórroga hasta el jueves para cumplir con su fallo, pero el Gobierno logró que la Cámara interviniera antes de que venciera ese plazo.

El reclamo original fue impulsado por Burford, que adquirió los derechos de litigio de la familia Eskenazi, y por Eton, accionista minoritario al momento de la expropiación de YPF en 2012. Ambos sostienen que el Estado violó el estatuto de la petrolera al no lanzar una oferta pública de adquisición por las acciones minoritarias, como estipulaba el reglamento.

El monto de la sentencia asciende a US$ 16.100 millones más intereses, una cifra que el país hasta ahora no comenzó a abonar. En paralelo, el fondo Bainbridge presentó una demanda independiente, ya con sentencia firme, por aproximadamente US$ 100 millones.

Mientras tanto, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, se encuentra en Nueva York interviniendo en el expediente. Estaba previsto que este martes participara de una reunión convocada por Preska junto a los abogados de los fondos Petersen/Eton y Bainbridge, para avanzar en el intercambio de información entre las partes.

Cabe recordar que en noviembre de 2023, el Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, había respaldado la postura de la defensa argentina y solicitado a Preska que no dictara una orden de ejecución. Sin embargo, la magistrada desoyó el pedido y reafirmó su decisión esta semana.