El Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe expresó su fuerte rechazo luego de que el Gobierno nacional decidiera cancelar los contratos vigentes para el mantenimiento de rutas nacionales en el sur provincial, incluyendo un tramo crítico de la Ruta 33, que conecta Sancti Spíritu con Rosario. La medida se formalizó el lunes pasado a través de resoluciones oficiales que también confirmaron el cierre definitivo de Vialidad Nacional, dejando sin efecto licitaciones ya adjudicadas y compromisos previos.

Entre las obras anuladas figura también la de la Ruta 178, entre Las Rosas y su empalme con la 33. Estos proyectos estaban en manos de la UTE integrada por Edeca S.A. y Rava S.A., y contaban con las aprobaciones administrativas necesarias para comenzar. Sin embargo, el Gobierno nacional fundamentó la suspensión en el vencimiento de plazos, apoyándose en una cláusula contractual que, según fuentes santafesinas, fue utilizada para frenar las obras sin riesgos legales.

Desde la cartera provincial que lidera Lisandro Enrico remarcaron que “La decisión fue intempestiva. No sólo desoye fallos judiciales que obligaban a avanzar con las obras, sino que deja sin efecto intervenciones fundamentales en corredores donde se juega la vida de miles de santafesinos”. Este tramo de la Ruta 33 es uno de los más transitados por vecinos y transportistas del departamento General López y ha sido escenario de múltiples accidentes fatales. La anulación del contrato elimina la última posibilidad concreta de mejoras.

En su comunicado, el Ministerio provincial denunció que la política actual de “no hacer obras” de Nación paraliza más de 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, entre las que se cuentan las rutas 7, 8, 9, 11, 34, A007, A008 y A012, además de las ya mencionadas. “Por estos caminos no sólo circula el 80 % de la producción del país, también millones de vecinos que ya no saben si llegarán a destino por el estado lamentable del asfalto”, advirtieron.

El Gobierno santafesino reclamó nuevamente la transferencia de la administración de estas rutas, argumentando que cuentan con la “voluntad política, experiencia y capacidad para intervenir”. Destacaron que ya sostienen con fondos propios el mantenimiento de rutas provinciales y colaboran en las nacionales con tareas como bacheo, limpieza y colocación de luminarias.

“Esto no es un cruce político. Es un llamado urgente de vecinos que todos los días se juegan la vida en rutas destruidas. Cada vez que cargan combustible están pagando un impuesto nacional que supuestamente se destina a obras viales. Hoy esas obras no existen”, concluyeron desde la Provincia.

El impacto de la falta de inversión estatal se siente con fuerza en los departamentos del sur santafesino, donde la demanda por rutas seguras es constante y reclama una respuesta urgente. Por el momento, la única respuesta oficial de Nación fue la cancelación sistemática de contratos y el silencio administrativo.