Con una votación unánime, la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó este lunes el reglamento que regirá sus deliberaciones, dando así el puntapié formal al proceso de reforma de la Carta Magna provincial. Aunque hubo disidencias en algunos artículos particulares, el aval general marcó el consenso entre los distintos bloques políticos.

Durante la sesión, el presidente del cuerpo, Felipe Michlig, destacó el clima de entendimiento entre los convencionales: “Agradezco el trabajo que han desarrollado los presidentes de bloques, los representantes de cada uno de los bloques (…) y que se llegó a buen puerto prácticamente para votar en general todos los artículos, y en particular con disidencias que es lógico que existan”, expresó.

El reglamento establece la conformación de 8 comisiones temáticas, cada una con la responsabilidad de analizar los proyectos presentados y elevar dictámenes al plenario. Estas son:

 1. Comisión de Labor Parlamentaria

 2. Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento

 3. Comisión Redactora

 4. Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías

 5. Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

 6. Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales

 7. Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial

 8. Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana

Cada artículo de la nueva Constitución deberá contar con la aprobación por mayoría simple de los convencionales presentes en la sesión correspondiente.

El reglamento también contempla aspectos operativos clave:

 • Quórum mínimo: 36 convencionales deberán estar presentes para iniciar las sesiones.

 • Voto del presidente: podrá sufragar como convencional y, en caso de empate, ejercer un voto de desempate.

 • Plazo de trabajo: el proceso tiene un límite de 60 días corridos, contados desde la aprobación del reglamento.

Desde la próxima sesión, prevista para el miércoles, comenzarán las reuniones de comisión para el análisis de propuestas de reforma. El desafío será consensuar un texto que actualice la Constitución provincial —vigente desde 1962— en línea con las demandas sociales actuales y el funcionamiento institucional contemporáneo.