La provincia de Santa Fe puso en marcha un nuevo esquema de controles antidrogas destinado a integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios políticos. El lanzamiento se realizó este martes en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, y tuvo como protagonistas al propio gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro Pablo Cococcioni, quienes fueron los primeros en someterse a los análisis.

Los narcotests, que detectan sustancias como cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas, ofrecen resultados inmediatos. En ambos casos, los controles dieron negativo.

“Queremos tener las mejores fuerzas de seguridad de la Argentina”, expresó Pullaro, y agregó: “No vamos a tener ningún funcionario que consuma sustancias ilegales”. Según detalló, la implementación forma parte de un plan integral para garantizar la idoneidad del personal y fortalecer la confianza pública en las instituciones.

Durante la jornada se realizaron unos 30 controles, y se anticipa que los procedimientos se repetirán de manera sorpresiva, periódica y sin previo aviso. Están dirigidos a policías, agentes del Servicio Penitenciario y funcionarios de distintas jerarquías. La medida también se aplicará como condición en los exámenes de ingreso y ascenso dentro de las fuerzas.

Pullaro recordó que esta política ya había sido impulsada en 2017, cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad, y remarcó: “Actuamos con ejemplaridad: fuimos los primeros en someternos a la prueba. Aquí no se persigue a nadie por un consumo problemático, pero sí se brindarán todas las herramientas para tratarlo. Lo que no vamos a permitir es que haya funcionarios que consuman sustancias ilegales”.

Los tests serán realizados por laboratorios externos, bajo convenio con la Fundación Argentina de Toxicología, y consisten en un hisopado bucal. Los resultados serán entregados en sobres cerrados a los superiores jerárquicos correspondientes, hasta llegar al despacho del gobernador.

“Se elabora una muestra de personal para evitar que el orden sea predecible. La convocatoria es inmediata, obligatoria y no preanunciada. La inasistencia acarrea sanciones disciplinarias y una pérdida de confianza”, explicó Cococcioni.

El ministro agregó que, en caso de detectarse un consumo problemático, se priorizará la atención desde una perspectiva de salud. No obstante, quienes ocupen cargos sensibles podrían ser removidos de sus funciones. “Se trata de una política que forma parte de un conjunto de acciones de integridad institucional, pensadas para preservar a las fuerzas que tienen el deber de proteger a la sociedad”, concluyó.